Ponen la mano sobre la Biblia, invocan el nombre de Dios y reciben la bendición de líderes religiosos. Después, algunos ejercen el poder como si esa misma Biblia nada dijera sobre la justicia, la honestidad, la integridad y el cuidado de quienes más sufren.
Lo ocurrido en Paraguay nos ofrece una dolorosa oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre la fe cristiana y el poder político.
El 6 de noviembre, Santiago Peña fue destituido de la Presidencia de Paraguay mediante un juicio político y posteriormente detenido por orden de la Fiscalía. Su salida se produjo en medio del escándalo financiero de Ueno Bank, cuyo proceso de resolución dejó fondos temporalmente congelados, afectó a una enorme cantidad de clientes y expuso importantes recursos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social. Las investigaciones judiciales continúan y corresponde respetar el debido proceso.
Más allá de las responsabilidades penales que deberán determinar los tribunales, las iglesias evangélicas latinoamericanas tenemos un asunto que no deberíamos eludir: ¿qué responsabilidad asumimos cuando otorgamos legitimidad religiosa a determinados proyectos políticos?
En Paraguay, sectores del liderazgo evangélico mantuvieron una relación pública de cercanía y colaboración con el gobierno de Peña, particularmente alrededor de sus promesas de defender la vida, la familia y determinados valores religiosos. Esas relaciones estuvieron acompañadas también de desacuerdos y cuestionamientos, pero forman parte de una historia que merece ser examinada críticamente.
La defensa de determinados valores morales no puede convertirse en un cheque en blanco para ningún gobernante. La ética bíblica no termina en los asuntos relacionados con la familia o la sexualidad. Incluye también la administración honesta de los recursos públicos, la justicia económica, la protección de los vulnerables y la responsabilidad frente al sufrimiento de los pueblos.
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Celebro que la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (ASIEP) haya expresado su solidaridad con los ahorristas y solicitado investigaciones y responsabilidades. Es una respuesta necesaria. Pero este momento también ofrece una oportunidad para una autocrítica más profunda, tanto para ASIEP como para la Alianza Evangélica Latina y otras expresiones del liderazgo cristiano regional.
¿Cómo discernimos nuestras alianzas políticas? ¿Qué sucede cuando confundimos coincidencias ideológicas con fidelidad al Evangelio? ¿Tenemos la libertad profética para cuestionar a quienes ayer acompañamos y bendijimos?
Tomar distancia de una alianza política cuando surgen hechos graves es necesario. Revisar las razones que llevaron a establecerla es todavía más importante.
Me duele especialmente pensar en las familias paraguayas que hoy enfrentan la incertidumbre de sus ahorros, sus pensiones y su futuro. Detrás de las cifras financieras hay rostros, historias, años de trabajo y esperanzas legítimas.
Lo ocurrido en Paraguay también obliga a las iglesias a revisar su relación con el poder. No estamos llamadas a ser legitimadoras religiosas de gobiernos o proyectos políticos, sino comunidades comprometidas con la verdad, la justicia y la dignidad humana.
El nombre de Dios no debe utilizarse para santificar proyectos políticos. Mucho menos para silenciar la conciencia crítica ante sus posibles abusos.
«No hagas mal uso del nombre del SEÑOR tu Dios».
Éxodo 20:7, NTV.
Un comentario
Excelente reflexión.
Muchos sectores de la iglesia evangélica en LA en búsqueda de prebendas y beneficios apoya y legitima proyectos políticos maquillados de moralistas pero que en el hecho son corruptos, ejercen la impunidad y el nepotismo.